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27 sept 2011

Tras la represión, Morales suspendió la construcción de la carretera

El presidente de Bolivia creará una comisión para investigar la violencia policial contra los nativos, que protestaban por la ubicación de la ruta sobre una reserva ecológica. El futuro de la obra se decidirá tras consultar a los afectados.

"Quiero salvar una responsabilidad ante la historia y ante el pueblo boliviano, y especialmente ante los dos departamentos (afectados, Beni y Pando). Mientras haya este debate queda suspendido el proyecto de carretera en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)", afirmó Morales a la prensa.

El mandatario había anunciado este domingo la próxima realización de un referendo en los departamentos de Beni y Cochabamba, para definir si se construye o no la carretera de 300 kilómetros financiada por Brasil, que uniría ambas regiones atravesando el TIPNIS. Pero los dirigentes de la marcha nativa rechazaron la propuesta por extemporánea.

Morales no especificó este lunes cuándo estaría lista la consulta, aunque hace algunas semanas funcionarios de gobierno sugirieron que la organización de una elección de ese tipo podría durar entre seis meses y un año.

El presidente habló después de 25 horas del operativo policial que disolvió el domingo la marcha hacia La Paz que se inició hace más de 40 días. El mandatario tildó de "imperdonable" la brutalidad policial y pidió conformar una comisión para investigar los sucesos ocurridos en inmediaciones del pueblo de Yucumo, 327 kilómetros al noreste de La Paz.

"Repudiamos los excesos (de policías) cometido en la marcha. (Hubo) exceso, abuso, hacia los hermanos indígenas. Es imperdonable. Nunca el presidente ha instruido (el abuso policial)", sentenció. "El presidente ha instruido (una investigación) para dar con todos los agresores, no olvidemos, nuestro canciller ha sido agredido (el sábado por los marchistas), hay policías heridos, pero el día de ayer es imperdonable frente a los hechos en las pantallas de televisión", agregó, al tiempo que propuso que una "comisión de alto nivel, de organismos internacionales" realice una profunda pesquisa.

La marcha de los nativos había comenzado el 15 agosto desde la región de la Amazonia y planeaba llegar hasta La Paz. En más de una ocasión fue interrumpida por sucesivas ofertas de diálogo, que eran rechazadas. A su vez, en los últimos días la movilización había cobrado notoriedad puesto que a escaso medio kilómetro de Yucumo había centenares de partidarios del oficialismo dispuestos a frenar su avance hacia a la capital boliviana.

Finalmente, el freno lo puso la policía. Según el ministro de gobierno Sacha Llorenti, los uniformados "evacuaron a los marchistas para garantizar su seguridad e integridad física" ante posibles choques con los campesinos rivales. Dijo, además, que la marcha "se tornó violenta" el sábado cuando el canciller David Choquehuanca fue obligado a romper un cerco policial y marchar con los indígenas. Si hubo abuso policial, será investigado y sancionado, sostuvo.

Aseguró que según la policía no hubo fallecidos, desaparecidos, ni niños extraviados, lo que contrasta con versiones de los indígenas, que informaron de un niño muerto y otros siete extraviados en el monte. Este lunes, un comunicado de la Iglesia Conferencia Episcopal Católica de Bolivia confirmó la muerte de un niño.

Con respecto a los 37 detenidos, la policía había negado tal condición y había señalado que su objetivo era trasladarlos hacia sus lugares de origen. Pero vecinos del pueblo de Rurrenabaque interrumpieron la caravana de autobuses donde los transportaban a y los liberaron. Los indígenas anunciaron que continuarán con la marcha.

"Lamentamos profundamente lo que ha sucedido, porque todo este tiempo hemos venido llamando a que se resuelva este conflicto en paz y a través del diálogo y, realmente, es deplorable que se hayan dado estos hechos de violencia", protestó en La Paz la delegada de Naciones Unidas, Yoriko Yasukawa.

"Lo primero para nosotros es que paren la violencia lo antes posible, y recordarle a las autoridades, y a todos sus niveles, que es su responsabilidad parar la violencia y proteger a la gente que está allí", agregó.

Mientras, la veterana activista de DDHH en Bolivia y religiosa María Amparo Carvajal, testigo de los hechos, aseguró que los policías ingresaron al campamento "con muchísima violencia, una violencia tremenda".

La violencia del domingo también provocó al renuncia irrevocable de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, en desacuerdo con la decisión gubernamental de dispersar la marcha. Morales no hizo comentarios al respecto.

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